Diariamente, los ciudadanos presentan denuncias ante las Administraciones públicas. Y ¿qué sucede? La denuncia administrativa: ¿qué es? ¿por qué existe? ¿para qué se presenta? ¿cómo se formula? ¿quién es el denunciante? ¿y el denunciado? ¿qué hechos son denunciables? ¿qué debe hacer la Administración ante la denuncia recibida? ¿qué derechos y deberes tienen unos y otros sujetos? Preguntas debidas que reclaman respuestas. El Derecho Administrativo no contiene aún una regulación adecuada de la denuncia administrativa, con la excepción de la denuncia formulada ante la Administración tributaria o ante la Administración laboral, por ofrecer una regulación reglamentaria específica ya consolidada. Es cierto que la Ley 39/2015 introduce mejoras en la escasa regulación administrativa general entonces vigente, pero, considerando la normativa sectorial existente, la jurisprudencia emitida y la doctrina científica, continúa siendo insuficiente, como se constata en esta obra.
CAPÍTULO I
ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA DENUNCIA. EN ESPECIAL, LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y TELEOLÓGICOS
I. Concepto y naturaleza jurídica
1.Acto jurídico del administrado
1.1. ¿Acto jurídico del empleado público?
1.2. ¿Acto jurídico de la Administración pública?
1.3. ¿Derecho o deber del administrado?
2. El elemento finalista de la denuncia
2.1. El objeto y el fin institucional
2.2. Los fines genéricos y los fines específicos sancionadores
3. ¿Acto procedimental?
3.1. ¿Acto iniciador del procedimiento administrativo?
3.2. ¿Acto no procedimentalizado?
II. Delimitación de figuras «afines»: La denuncia administrativa y las «acciones administrativas» del administrado
1. Las solicitudes y las peticiones
2. Las sugerencias o iniciativas y las quejas o reclamaciones
3. La acción pública
CAPÍTULO II
ELEMENTOS SUBJETIVOS DE LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA
I. Los sujetos necesarios
1. El denunciante, en general
1.1. ¿Personalidad jurídica?
1.2. Persona ¿física o jurídica? ¿de Derecho privado o de Derecho público?
A. Las denuncias de los empleados públicos
B. La denuncia de los entes del sector público
1.3. ¿Capacidad de obrar administrativa? En especial, la capacidad del menor de edad
1.4. ¿Legitimación?
2. El simple denunciante y el denunciante interesado
3. El denunciante de daños al patrimonio público
4. Denunciantes e infractores: los denunciantes de infracciones administrativas
4.1. El «denunciante-solicitante» de la iniciación del procedimiento sancionador
4.2. El infractor denunciante de otros responsables de la infracción denunciada: la clemencia administrativa con los delatores
A. La controvertida importación del régimen sectorial
B. El presupuesto de hecho habilitante del régimen de clemencia
C. La dualidad estatutaria de los delatores infractores
4.3. La discrecionalidad administrativa determinante
5. La Administración Pública
5.1. Ámbito de aplicación subjetiva de la LPAC y ámbito de aplicación del artículo 62 de la LPAC
5.2. Las entidades e instituciones públicas no administrativas
A. Corporaciones de Derecho Público de base privada
B. Los órganos constitucionales del Estado y los órganos autonómicos análogos
II. Los sujetos no necesarios: el denunciado y la víctima del hecho denunciado
1. El denunciado
2. El damnificado o víctima
CAPÍTULO III
LOS EFECTOS DE LA DENUNCIA. EN ESPECIAL, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (HUMBERTO GOSÁLBEZ PEQUEÑO)
I. La denuncia y el procedimiento administrativo típico incoado de oficio
II. La actividad administrativa investigadora por denuncia previa
1. El deber administrativo de investigar los hechos denunciados
2. El deber administrativo de acordar las actuaciones previas
III. ¿Un procedimiento administrativo de denuncia?
1. La iniciación del procedimiento de denuncia: el acto formal de la denuncia y su admisión a trámite
1.1. El contenido y la forma del acto de la denuncia administrativa. La subsanación de las denuncias incompletas o defectuosas
1.2. Las denuncias anónimas
1.3. La (in)admisión a trámite de la denuncia. En especial, las denuncias falsas y las denuncias infundadas
2. La instrucción procedimental
2.1. Los trámites y los derechos procedimentales
2.2. El acceso del denunciado al procedimiento de denuncia
3. La terminación del procedimiento
