La prevaricación de funcionario público constituye uno de los delitos más arraigados en la historia de nuestra legislación penal y guarda una evidente relación con buena parte de los fenómenos de corrupción pública, en la medida en que el objetivo perseguido por quien soborna a la autoridad o funcionario público suele ser la emisión de una resolución arbitraria en un asunto administrativo, lo que provoca graves distorsiones en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, que dejan de ser imparciales para convertirse en el instrumento injustamente favorecedor de unos pocos. Pero los comportamientos prevaricadores pueden obedecer a una diversidad de motivos que no necesariamente son económicos, pues los lazos de amistad o enemistad, las simpatías o antipatías personales, las militancias políticas, las convicciones ideológicas, las creencias religiosas, o simplemente los prejuicios, también pueden hacer que el servidor público pierda, consciente o inconscientemente, su objetividad a la hora de decidir en un asunto de su competencia. Estos otros motivos suscitan especial interés en relación con la prevaricación judicial, ámbito cuya conexión directa con fenómenos de enriquecimiento ilícito resulta mucho menos evidente, al menos en los procesos penales seguidos por este delito que han culminado en sentencia condenatoria en nuestro país.
El presente trabajo ofrece una imagen global de la regulación penal actual para hacer frente a esta clase de fenómenos: los delitos de prevaricación (especialmente los contenidos en los artículos 404 y 446 del Código Penal), cuya aplicación se ve condicionada no solo por las recientes reformas legales producidas en otros ámbitos (como el administrativo o el procesal), sino también y muy especialmente por la interpretación que de dichos preceptos está realizando la Jurisprudencia penal de los últimos años.
1. CUESTIONES INTRODUCTORIAS
I. Prevaricación, corrupción y desviación de poder
II. Los delitos de prevaricación en el ordenamiento penal español
1. Evolución histórica
2. Configuración en el CP95
3. Los delitos de prevaricación en la actualidad: algunos datos
2. PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
I. Bien jurídico protegido
II. Sujeto activo
III. Conducta típica
1. Dictar una “resolución…en un asunto administrativo”
1.1. El verbo nuclear “dictar” y la problemática relacionada con la comisión por omisión
A. La obligación legal de resolver
B. El nuevo régimen del silencio administrativo
C. La prevaricación administrativa en comisión por omisión en la jurisprudencia
1.2. Concepto de resolución
1.3. En un “asunto administrativo”
2. Naturaleza “arbitraria” de la resolución
3. Tipo subjetivo: “a sabiendas de su injusticia”
IV. Autoría y participación
V. Iter criminis
VI. Concursos
VII. Cuestiones procesales
VIII. Breve referencia a las denominadas prevaricaciones específicas
1. Sujetos activos
2. Conductas típicas
2.1. Informar favorablemente instrumentos administrativos
2.2. Silenciar la infracción de normas
2.3. Omitir la realización de inspecciones obligatorias
2.4. Resolver o votar a favor de la concesión de licencias manifiestamente ilegales
3. Elemento subjetivo
3. PREVARICACIÓN JUDICIAL
I. Bien jurídico protegido
II. Sujeto activo
1. Órganos colegiados
2. Tribunales del Jurado
3. El Ministerio Fiscal
4. La Policía Judicial
III. Prevaricación dolosa
1. Conducta típica
1.1. Elementos comunes: dictar una sentencia o resolución injusta
A. El verbo nuclear: dictar
B. El objeto material: la sentencia o resolución
C. Supuestos problemáticos
D. Naturaleza injusta de la resolución
1.2. Modalidades de conducta
A. En causa criminal por delito grave o menos grave
B. En proceso por delito leve
C. Cualquier otra sentencia o resolución injustas
2. Tipo subjetivo: “a sabiendas”
3. Iter criminis
IV. Prevaricación imprudente
V. Circunstancias modificativas y concursos
VI. Cuestiones procesales
