Este libro ofrece una lectura crítica y rigurosa del delito de corrupción entre particulares, entendido como un instrumento jurídico destinado a resguardar las bases normativas que sostienen el funcionamiento de los mercados, mediante la protección de la competencia leal como institución. La criminalización de estas conductas no debe concebirse como una reacción punitiva meramente simbólica, sino como una herramienta con funciones expresivas y preventivas, orientada a preservar la confianza en las reglas fundamentales del orden económico.
A través de un análisis comparado y práctico, la obra no solo aporta a la dogmática penal chilena, sino que también busca servir de guía para que el sector privado incorpore reglas y mecanismos efectivos de prevención, contribuyendo así a consolidar una cultura empresarial basada en la probidad y la competencia leal.
CAPÍTULO I
EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES EN EL ÁMBITO COMPARADO: APROXIMACIONES LEGISLATIVAS
1. Reconocimiento de la potencialidad lesiva de la corrupción entre particulares. Fundamentos para su criminalización
2. Diversas aproximaciones legislativas a la criminalización de la corrupción entre particulares
2.1. Descripción general de las legislaciones de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y España
a. Reino Unido
b. Estados Unidos
c. La regulación alemana y española
2.2. Eventuales diferencias en los intereses protegidos por las diversas aproximaciones legislativas. Especial consideración a la competencia leal como bien jurídico protegido
2.3. Diferencias relativas a la clasificación de conductas como delitos de corrupción privada
CAPÍTULO II
LA REGULACIÓN DEL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES EN CHILE
1. Introducción: Regulación por el artículo 287 bis y ter. El delito de corrupción entre particulares y su consideración como delito económico por la Ley 21.595
2. Quiénes pueden cometer este delito. Especial referencia al tratamiento del titular o principal
2.1. Modalidad pasiva
a. La naturaleza de delito especial de la modalidad pasiva del delito de corrupción entre particulares y sus consecuencias
b. Definición de director, administrador, empleado o mandatario. Perspectiva para la interpretación de los conceptos utilizados por el legislador al delimitar el círculo de destinatarios
c. Capacidad para incidir en situaciones de competencia
d. Exclusión del principal o dueño del negocio del círculo de autores: fundamentos, y consecuencias relativas a la valoración de la conducta del empleado o agente
2.2. Modalidad activa
3. Conducta típica
3.1. La estructura del tipo penal corresponde a la de un delito de peligro abstracto
3.2. Delimitación del concepto de soborno
a. La detección y clarificación del problema de delimitación en el ámbito comparado
b. Criterios para diferenciar prácticas comerciales lícitas de sobornos
3.3. El acuerdo ilícito en el marco de una situación de competencia
3.4. Tipo subjetivo
4. Concursos. La situación anterior y posterior a la modificación del artículo 287 bis a través la Ley de Delitos Económicos
4.1. Situación previa a la reforma de Ley 21.595: el tratamiento de una eventual pluralidad delictiva entre la corrupción entre particulares y el delito de cohecho
4.2. Concurso entre el delito de corrupción entre particulares y el delito de administración desleal
4.3. Concurso entre varias infracciones al mismo tipo penal de corrupción entre particulares
CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES
1. Consideraciones previas: responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción
2. Fundamentos de la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas en Chile
3. Directrices para una adecuada gestión de riesgos para la prevención de la corrupción privada
3.1. Desafíos para el sector privado
3.2. Punto de partida: principales características de la regulación de la corrupción entre particulares en Chile
a. La corrupción entre particulares es un delito de “mera actividad”
b. Se prohíbe el soborno a empleados o agentes
c. Resultan atípicos los “beneficios lícitos”
d. El tipo penal exige que la conducta se despliegue en el marco de una “situación de competencia”
3.3. Revisión crítica de la forma como el sector privado define el soborno comercial y
el alcance que le otorga
3.4. Exigencias básicas para la gestión de riesgos de corrupción entre particulares
