En todos los ordenamientos jurídicos contemporáneos en el marco del Estado de Derecho, en mayor o menor grado, las actividades que los particulares tienen derecho a realizar conforme a la libertad individual y económica garantizada en la Constitución, con frecuencia está sujeta a limitaciones impuestas por las leyes por razones de interés general, sometiéndolas, entre otros requisitos, la obtención previa por aquellos, de alguna autorización, licencia, permiso o registro administrativo por parte de la Administración del Estado.
Sin embargo, con frecuencia, la Administración no siempre decide las peticiones que se le formulan, teniendo que enfrentarse los peticionarios con una situación de inactividad, de silencio o de omisión por parte de la Administración, quedando el ejercicio de sus actividades, que tienen derecho a realizar, en suspenso. Para remediar esta situación, y como garantía de los derechos de los administrados, los ordenamientos jurídicos han establecido la presunción de considerar como decidida las peticiones una vez que el plazo establecido para la respuesta oportuna ha vencido, garantizándosele así el derecho al interesado de poder defenderse ejerciendo un recurso administrativo o contencioso administrativo contra el acto administrativo tácito derivado del silencio negativo. Ese beneficio, en todo caso, solo se establece a favor del administrado y no de la Administración, la cual por el transcurso del plazo no deja de estar obligada a decidir.
En otros casos, para proteger los derechos de los particulares, los ordenamientos jurídicos le han atribuido efectos positivos al silencio de la Administración, considerándose que con el transcurso de lapso dispuesto para que la Administración decida, sin que la misma se haya pronunciado, se considera que la petición formulada ha sido otorgada.
SECCIÓN PRIMERA
SOBRE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS EFECTOS DE LA INACTIVIDAD O SILENCIO DE LA ADMINISTRACION
I. El principio de legalidad y el estado de derecho
II. Los poderes y competencias de órganos y entes estatales
III. La base esencial de la relación jurídica administrativa: la buena fe y la confianza legítima
IV. Los poderes discrecionales de la administración y sus límites
V. Los conceptos jurídicos indeterminados como límite al poder discrecional
VI. El debido proceso y el procedimiento administrativo
VII. Principios generales respecto a los actos administrativos
VIII. El derecho de petición y los efectos del silencio administrativo
IX. El principio de los efectos negativos del silencio de la administración en la ley orgánica de procedimientos administrativos
X. La regla de los efectos positivos del silencio administrativo en el derecho comparado y en leyes especiales
SECCIÓN SEGUNDA
EL RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS TÁCITOS
I. Régimen general del tratamiento del silencio administrativo en las leyes latinoamericanas
1. La obligación de decidir y los efectos de su incumplimiento
2. El silencio administrativo negativo
3. El silencio administrativo positivo
4. La garantía contra la carencia administrativa
II. El remedio contra la indefensión provocada por la inacción administrativa y el silencio administrativo negativo
1. El silencio administrativo en el sistema contencioso–administrativo
2. El sistema de “silencio administrativo” a partir de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (1976)
A. Los problemas interpretativos
B. La naturaleza jurídica del silencio administrativo a partir de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (1976)
C. El recurso derivado del silencio como garantía jurisdiccional de los administrados
D. El silencio no exime a la Administración de su obligación de decidir
E. Recapitulación sobre la figura del silencio administrativo a partir de su regulación en la antigua Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (1976)
F. La modificación del criterio jurisprudencial en 1982
3. El sistema de silencio administrativo en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981)
A. El silencio negativo como un beneficio de los administrados
B. El silencio negativo no exime a la administración de su obligación de decidir
SECCIÓN TERCERA
EL REMEDIO JUDICIAL CONTRA LA INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA CARENCIA O INACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
I. Antecedentes del recurso contencioso administrativo contra la carencia: ley orgánica de la corte federal de 1953
II. El proceso contencioso administrativo contra la carencia administrativa en el marco de los procesos contencioso administrativos en la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976.
III. El proceso contencioso contra la carencia o las conductas omisivas de la administración
IV. La recepción del recurso contencioso administrativo contra la carencia administrativa en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa de 2010
V. El derecho de amparo contra las conductas omisivas de la administración violatorias de derechos constitucionales y la acción contencioso administrativa contra las mismas como vía judicial de amparo
