El trabajo que a continuación se desarrolla aborda el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes que la CPR impone al Estado en esta materia, haciendo un recuento de cómo este derecho ha sido reconocido en el mundo y los debates que su aproximación antropocéntrica o ecocéntrica genera hoy.Se examinan, asimismo, los principales aspectos que establece la acción jurisdiccional diseñada para su protección y cómo la jurisprudencia judicial de los últimos años ha establecido el contenido de este derecho constitucional.
Se revisan, también, las principales tendencias y estándares que los tribunales de justicia han ido adoptando en resguardo del ejercicio de este derecho al controlar distintos actos de los órganos de la Administración del Estado con competencias en el ámbito ambiental.
En palabras de su autor, una de las razones que explican este trabajo es poner de manifiesto la dificultad para predecir el sentido y alcance de este derecho y la forma en que un tribunal, al revisar el caso concreto, lo interpreta.
Finalmente, pretende aportar nuevas perspectivas en la comprensión de este derecho para ampliar y profundizar su discusión, especialmente en estudiantes de derecho, abogados, profesores, jueces y público general, considerando las instancias que la República ha decidido iniciar y que nos acompañarán en los próximos años.
1. Introducción
2. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación
2.1. Antecedentes que explican el reconocimiento de este derecho
2.2. Contenido y bien jurídico protegido
2.3. Antropocentrismo y ecocentrismo
2.4. La conceptualización del medio ambiente y su aproximación desde el derecho ambiental
A) Consideraciones generales respecto al reconocimiento internacional de este derecho y su aproximación desde los derechos humanos
B) La doctrina chilena y antecedentes judiciales previos a su consagración legislativa
C) La definición de medio ambiente en la Ley N°19.300
2.5. El sentido y alcance de vivir en un medio amiente “libre de contaminación” en la Ley N°19.300
3. Deberes estatales y restricción de derechos con el objeto de proteger el medio ambiente
3.1. Deberes estatales
3.2. Restricciones legales al ejercicio de otros derechos para la protección del medio ambiente
4. El recurso de protección y su dimensión ambiental
4.1. Aspectos esenciales de esta acción constitucional
4.2. Síntesis de su tramitación
4.3. La acción de protección y su dimensión ambiental: inciso segundo del artículo 20 de la CPR
4.4. Modificación constitucional: la reforma del año 2005 y actuales requisitos para su interposición
5. Evolución y estándares jurisprudenciales
5.1. Antecedentes previos
5.2. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
A) Primera etapa. Deferencia técnica, actos materiales que motivan una acción cautelar y la imposibilidad del reemplazo institucional
B) Segunda etapa. Control intenso de los expedientes, nueva institucionalidad ambiental, entrada en vigencia del Convenio N°169 de la OIT y la utilización de principios como mecanismo de solución interpretativa
C) Tercera etapa. Instalación de los tribunales ambientales, vía idónea y tutela cautelar: el inicio de la fragmentación de la tutela judicial efectiva en materia ambiental
D) Cuarta etapa. El renacer del recurso de protección, la profundización de los principios y el nuevo rol de los tribunales en el ingreso al SEIA de proyectos o actividades y sus efectos sistémicos
a. “Parque Eólico La Cabaña”
b. “Terminal Penco Lirquén”
c. “Tronaduras en Mina Invierno” y “Prospección Minera Terrazas”
d. “Central Los Cóndores”
e. #Proyecto Inmobiliario Papudo” y la importancia de las dunas de Concón II
i. Algunas reflexiones
f. Quintero-Puchuncaví: un caso paradigmático
i. Antecedentes previos
ii. Síntesis del caso y de la sentencia
iii. La sentencia
iv. Análisis
- Nuevos lineamientos en la forma en que la Corte Suprema comprende la acción de protección en materia ambiental
- Se altera el carácter cautelar o la naturaleza de esta acción constitucional
- La importancia de la información ambiental
- Interferencia de la separación de funciones
- La Corte Suprema confirma su rol como árbitro de la política ambiental
5.3. Fiscalización y sanción
A) Primera etapa. Modelo coordinador y fiscalización descentralizada
B) Segunda etapa. Modelo centralizado sujeto a control de un tribunal especializado
5.4. Ausencia en la definición de un criterio y límites del recurso de protección
5.5. Perspectivas futuras
6. Epílogo: notas para un próximo debate constitucional
