Esta obra enfrenta un problema central del derecho procesal penal, como el de la carga de la prueba, desde una perspectiva novedosa, el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ese contexto, el autor fija posición respecto al carácter penal de la responsabilidad de las personas jurídicas previsto en la Ley N.° 30424, y cómo es que el compliance y la debida diligencia empresarial se integran al objeto del proceso penal. A partir de dichas premisas, el autor plantea mantener una visión de la carga de la prueba construida en términos constitucionales y arraigada en el principio de presunción de inocencia, recusando así las pretensiones de redistribuir la carga de la prueba y asignar la carga de la implementación de los modelos de prevención sobre la persona jurídica imputada.
CAPÍTULO I
LA PERSONA JURÍDICA COMO PARTE ACUSADA EN EL PROCESO PENAL PERUANO. EVOLUCIÓN HASTA LA LEY N.° 30424
1. Introducción
2. Variables relevantes para entender el tratamiento legislativo de la persona jurídica en el proceso penal: el impacto de la política criminal de las sociedades de riesgo sobre las personas jurídicas
2.1. Correlación entre desarrollo legislativo penal y procesal penal.
2.2. Crecimiento de la utilización de las formas societarias y organizativas en las sociedades modernas y su impacto en la criminalidad
2.3. Política criminal de las sociedades de riesgo sobre las de respuesta contra las personas jurídicas: Vías de respuesta contra la criminalidad de empresa y en la empresa
2.4. La Ley N.º 30424 es una una norma de responsabilidad penal directa de la persona jurídica
2.4.1. Autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica le conecta directamente con el hecho delictivo
2.4.2. El modelo de responsabilidad previsto en la Le N.º 30424 contiene elementos relevantes de autorresponsabilidad empresarial
2.4.3. La Ley N.º 30424 incorpora circunstancias eximentes y atenuantes
2.4.4. La función expresiva de la sanción a partir de la intervención del Juez y el Fiscal
3. La persona jurídica en los ordenamientos procesales penales previos al Código Procesal Penal (2004)
3.1. El Código Penal Santa-Cruz del Estado Sud-Peruano (1836)
3.2. El Código Penal y el Código de Enjuiciamiento en materia criminal de 1863
3.3. Código de Procedimientos en materia criminal de 1920 y Código Penal de 1924
3.4. Código de Procedimientos Penales de 1940
3.5. Código Penal y Código Procesal Penal de 1991
3.5.1. Código Penal (1991)
3.5.2. Código Procesal Penal (1991)
3.6. Leyes penales especiales (previas a la promulgación del Código Penal de 1991)
3.6.1. Decreto Ley N.° 14186 (Ley fijando las infracciones, sanciones y disposiciones tributarias de los impuestos a la renta) del 21 de agosto de 1962.
3.6.2. Código Tributario (Decreto Supremo 263-H) del 12 de junio de 1966.
3.6.3. Ley N.º 16185 (Ley Represora del Contrabando) del 28 de junio de 1966 y su reglamento (Decreto Supremo N.º 408-H) del 02 de diciembre de 1966
3.6.4. Decreto Ley N.º 17681 (Ley que sanciona la violación de normas para comercializar artículos alimenticios) del 03 de junio de 1969, modificado por el Decreto Ley N.º 19397, del 09 de mayo de 1972
3.6.5. Decreto Ley N. 19885 del 09 de enero de 1973
3.6.6. Decreto Ley N.º 2:411 (Ley contra la adulteración, acaparamiento y la especulación) del 03 de febrero de 1976
3.6.7. Decreto Legislativo N.º 123 (Ley de delitos económicos) del 12 de junio de 1981
3.7. Leyes penales especiales (posteriores a la promulgación del Código Penal de 1991)
3.7.1. Decreto Legislativo N.º 813 (Ley Penal Tributaria) del 16 de abril de 1996
3.7.2. Ley Nº 28008 (Ley de delitos aduaneros) del 19 de junio de 2003
3.7.3. Decreto Legislativo N.º 1106 (de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado) del 19 de abril de 2012
4. La persona jurídica en el Código Procesal Penal (2004)
5. Efectos de la Ley N.° 30424 sobre el proceso penal contra las personas jurídicas
6. Conclusiones provisionales
CAPÍTULO II
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CARGA DE LA PRUEBA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
1. Premisas metodológicas
1.1. La carga de la prueba en materia penal como expresión de un derecho constitucional procesal
1.2. La necesaria correlación entre Constitución/Política Criminal y Derecho Penal/Derecho Procesal Penal
1.2.1. Correlación Constitución/Política Criminal
1.2.2. Correlación Derecho Penal-Derecho Procesa
1.2.3. Política Criminal del Estado de Derecho (Social y Democrático) y Derecho Procesal Penal
2. Presunción de inocencia y carga de la prueba
2.1. Presunción de inocencia
2.2. Contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia
2.3. Manifestaciones relevantes del derecho a la presunción de inocencia en el ámbito probatorio.
2.3.1. La presunción de inocencia como regla de prueba
2.3.2. La presunción de inocencia como regla de juicio (principio in dubio pro reo)
2.4. La carga de la prueba penal
2.5. Ámbito material de aplicación del derecho a la presunción de inocencia
2.5.1. Ámbito de aplicación subjetivo: ¿Presunción de inocencia de las personas jurídicas? Ámbito de aplicación objetivo
3. Propuesta de solución ante los problemas particulares de la carga de la prueba con relación al proceso penal contra las personas jurídicas
3.1. La carga de la prueba de los hechos impeditivos y su relación con la prueba de la eximente de debida diligencia.
3.2. Presunciones legales
3.3. Inversión de la regla general de la carga de la prueba
3.3.1. Propuesta basada en la teoría del riesgo
3.3.2. Propuesta basada en favor de la "parte más débil"
3.4. Propuestas de dinamización de la carga de la prueba
3.4.1. Cargas probatorias dinámicas
3.4.2. Principio de expansión de la prueba en beneficio del más débil
3.5. Deberes de colaboración empresarial vs. autoincriminación empresarial. Perspectiva desde la carga de la prueba
3.5.1. Posiciones negacionistas
3.5.2. Posiciones intermedias
3.5.3. Ausencia de un deber de aportación de pruebas en el proceso penal
4. Propuesta conceptual de carga de la prueba: Predominio del derecho a la presunción de inocencia y conveniencia de reconocer el principio de proporcionalidad como baremo de solución aplicativa
4.1. Trascendencia de la configuración constitucional del derecho a la presunción de inocencia y su vinculación con la imagen constitucional del ser humano
4.2. Inadmisión de propuestas de abolición de la carga de la prueba
4.3. Configuración unívoca de la carga de la prueba en el proceso penal
4.4. La necesidad de evaluar matices fundados en clave político criminal
4.5. Necesaria ponderación de la eficacia de las alternativas (capacidad de rendimiento de la inversión o la dinamización de la carga de la prueba). Mirada desde los incentivos previstos en la Ley N.º 30424
4.6. Relacionamiento de la distribución de las cargas probatorias con el principio de legalidad
4.7. El principio de proporcionalidad como herramienta general complementaria de solución de casos problemáticos
4.8. Precisiones ulteriores a modo de conclusión
CAPÍTULO III
EL OBJETO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA LEY N° 30424
1. El objeto del proceso penal de las personas jurídicas: Correlación entre los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la actividad probatoria dentro del proceso penal
1.1. Objeto del proceso penal
1.1.1. Elementos del objeto penal del proceso
1.1.2. Notas relevantes del objeto del proceso penal
2. El predominio de las formulaciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas vinculadas a los defectos de organización empresarial expresados en el incumplimiento del deber de implementar medidas de diligencia debida (compliance)
2.1. Dato previo: La ausencia de una auténtica teoría de delito de las personas jurídicas
2.2. La necesidad de esbozar una dogmática penal o teoría del delito propio para la persona jurídica
2.3. Orientación hacia un sistema de responsabilidad penal empresarial sustentado en la ausencia de compliance empresarial
2.3.1. La influencia del modelo de responsabilidad penal del common law, la importancia de la jurisprudencia y el traslado del compliance hacia los modelos de civil law
2.3.2. La influencia del compliance en los modelos de responsabilidad penal empresarial
2.3.3. Dimensiones (contenido) del compliance
2.3.4. Compliance y Criminal Compliance
2.3.5. La (perniciosa) utilización del compliance de escaparate.
3. El modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica previsto en la Ley N.º 30424. Prolegómenos para la determinación del objeto del proceso penal contra las personas jurídicas
3.1. Identificación del modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica conforme a la Ley N.º 30424
3.2. El modelo de responsabilidad penal vicarial de la persona jurídica
3.3. El modelo de responsabilidad penal por defecto de organización empresarial
4. El objeto del proceso penal contra las personas jurídicas
4.1. Elementos subjetivos del objeto penal del proceso contra las personas jurídicas
4.1.1. Personas jurídicas comprendidas en la Ley N.° 30424
4.1.2. La autonomía de la responsabilidad penal individual de la correspondiente a la persona jurídica
4.2. Elementos objetivos del objeto penal del procese contra las personas jurídicas
4.2.1. Relacionamiento con los delitos previstos en el artículo 1º de la Ley N.º 30424
4.2.2. Vinculación objetiva con el comportamiento de la persona natural.
4.2.3. Los elementos objetivos del objeto penal del proceso por responsabilidad vicarial o heterorresponsabilidad de la persona jurídica.
4.2.4. Los elementos objetivos del objeto penal del proceso por responsabilidad por defecto de organización o autorresponsabilidad de la persona jurídica.
CAPÍTULO IV
DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS EN EL PROCESO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. Presupuesto metodológico: El relacionamiento del deber de diligencia debida empresarial (compliance) con el injusto penal. La implementación de compliance empresarial como regla de imputación (riesgo permitido)
2. Identificación y refutación de las propuestas orientadas a distribuir la carga de la prueba del non compliance a la persona jurídica
2.1.1. Posiciones que sostienen que el cumplimiento del deber de diligencia debida empresarial es un hecho impeditivo
2.1.2. Posiciones fundadas en el principio de disponibilidad y facilidad de la prueba
2.2. Posiciones orientadas a asignar la carga de la prueba del compliance a la parte acusadora en función al principio de presunción de inocencia.
2.3. Posición personal: la carga de la prueba del compliance corresponde indefectiblemente al Ministerio Público. Motivos adicionales.
2.3.1. Primer argumento (presunción de inocencia): siendo un hecho constitutivo, la infracción del deber de debida diligencia empresarial debe ser acreditado por la parte acusadora
2.3.2. Segundo argumento: la objetividad de la investigación fiscal supone la obligación de investigar la concurrencia de circunstancias eximentes y atenuantes
2.3.3. Tercer argumento: asignar la carga de la prueba a la parte acusadora impedirá una doble vía probatoria
2.3.4. Refutación de los presuntos efectos sobre la eficacia de la persecución penal: los incentivos de la persona jurídica para aportar prueba en el proceso penal
3. Efectos del relacionamiento compliance-riesgo permitido en la asignación de la carga de su incumplimiento en la parte acusadora
4. La prueba de la diligencia debida conforme a la Ley N.º 30424
4.1. Modelo probatorio sobre la infracción del deber de diligencia debida empresarial previsto en la Ley N.° 30424
4.2. El objeto de la pericia de compliance. Notas particulares
4.3. La pericia como "dificultad operativa" para el sistema de administración de justicia penal
4.4. La importancia de reconocer criterios de racionalidad en la admisibilidad de la prueba pericial: de la política de puertas abiertas a la inadmisión con efectos contra-epistemológicos
4.5. El control de cientificidad de la prueba pericial (particularmente la de compliance)
4.5.1. Control de calidad en la fase de admisión La "inutilidad por irrelevancia del hecho la necesidad "epistemológica" del conocimiento experto como factor definidor de la utilidad o relevancia de la prueba pericial
4.5.2. Control de calidad en la fase de valoración de la prueba pericial
A. Examen objetivo de la prueba pericial de compliance
B. Examen subjetivo de la prueba pericial de compliance
C. Examen concreto
4.6. La iniciativa probatoria del Juez respecto de la prueba del compliance
5. Las orientaciones del futuro proceso penal de las personas jurídicas: hacia un modelo construido (predominante pero no exclusivamente) jurisprudencialmente
5.1. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La transición hacia un sistema penal orientado (o limitado) jurisprudencialmente
5.1.1. Regulación del precedente jurisprudencial en el Perú.
5.1.2. Regulación del precedente jurisprudencial en el ordenamiento procesal penal peruano.
5.1.3. Regulación del precedente vinculante en el Código Procesal Penal (2004)
5.1.4. Regulación del precedente vinculante en el Código de Procedimientos Penales (conforme a la reforma de 2004)
5.2. Aproximación a la influencia del precedente jurisprudencial en la praxis penal y procesal penal peruana
5.3. Razones del afianzamiento de la relevancia de la jurisprudencia en el Derecho Penal y Procesal Penal de las personas jurídicas
5.4. Viabilidad de recurrir a los desarrollos de los modelos penales del common Law en el ámbito del proceso penal contra las personas jurídicas
5.4.1. Aproximación general
5.4.2. Importancia (gen.eral) del conocimiento del derecho comparado y del case law
5.4.3. Aproximación específica
A. Los plea bargains y su conveniencia en el proceso penal de las personas jurídicas.
B. El relacionamiento de los plea bargains de las personas jurídicas con la implementación de los compliance programs (programas de cumplimiento normat vo)
C. Otros elementos de influencia del derecho norteamericano en la Ley N.º 30424
5.5. Acercamiento al modo en que la jurisprudencia ha influenciado la dogmática penal y procesal penal de las personas jurídicas en el derecho norteamericano
